El Gobierno Nacional ya acumularía seis meses sin transferir los recursos correspondientes a los subsidios de energía y gas para los estratos 1, 2 y 3 en Colombia.
La denuncia fue hecha por el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, quien recordó en su cuenta de X (antes Twitter) que esto puede representar un problema para la sostenibilidad energética en el país. “Cero y van 6 meses sin que el Ministerio de Hacienda gire los subsidios de los estratos 1, 2 y 3”, dijo.
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Para contexto, en Colombia, los subsidios a los servicios públicos como la energía eléctrica, el gas natural y el GLP (gas en cilindros) buscan ayudar a las familias de menores ingresos, especialmente las de los estratos 1, 2 y 3. El Gobierno cubre una parte del valor del recibo para que estas familias paguen menos, y luego le gira ese dinero a las empresas que prestan el servicio.
Si el Gobierno no paga a tiempo esos subsidios, las empresas quedan desfinanciadas y se pone en riesgo la continuidad y calidad del servicio.
Esa deuda, según Acosta, ya acumula al 30 de junio $1,8 billones con las comercializadoras de energía eléctrica, también $1,3 billones con las de gas natural y, además, $48.000 millones con las empresas que suministran gas licuado de petróleo (GLP).
Eso significa que el pasivo total sería cercano a los 3,1 billones a corte del sexto mes del año.
Partidas no asignadas en PGN
La cuestión es que todavía no hay una programación para pagar la plata correspondiente al gas. Según Acosta, hay una falta de recursos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para cubrir estos compromisos.
“Preocupa que en el presupuesto vigente solo se apropió la partida correspondiente al pago de los subsidios del consumo de energía de los estratos 1, 2 y 3 para el primer trimestre”, afirmó.
Esto significa que los restantes tres trimestres están desfinanciados por un valor de $2,7 billones.
Frente a la imposibilidad de una adición presupuestal, tras la decisión del Gobierno de apelar a la cláusula de escape de la regla fiscal, Acosta propone una alternativa: “Queda como alternativa un traslado presupuestal para cubrir el pago de los subsidios y de paso alimentar el Fondo Empresarial, para que pueda asistir a Air-e”, dijo.
El retraso en los pagos ha generado inquietud en el sector energético, donde se teme por la sostenibilidad financiera de las empresas que dependen de estos recursos para mantener la prestación del servicio en condiciones adecuadas.
Hay que precisar que el Gobierno tenía también un saldo pendiente de subsidios del año pasado, que terminó de pagar en mayo de este año por un valor de $2,5 billones.
Opción tarifaria
Ahora, esa no es la única deuda con las empresas de energía. Hay que recordar que la “opción tarifaria”, que se creó en el gobierno de Iván Duque y permitió, durante momentos de alza en los costos por la pandemia, que los hogares de menores ingresos (estratos 1, 2 y 3) difirieran parte del pago de sus facturas, acumulando una deuda que actualmente asciende a aproximadamente $3 billones.
El Gobierno de Petro prometió asumir ese saldo. Uno de los intentos fue por medio de una ley de financiamiento o reforma laboral que terminó por hundirse en el Congreso a finales de 2024, por lo que no progresó.
En el último mes, se conoció que el ejecutivo alista un decreto para que los estratos más altos paguen esa deuda.
Alejandro Castañeda, director de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), confesó tener dudas sobre ese borrador. “Yo no creo que desde el punto de vista legal un usuario pueda pagar la deuda de otra persona”, anotó.
Por ahora, no se han conocido más detalles sobre dicho proyecto de decreto.
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