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“La plata de los colombianos es sagrada”. La frase de Abelardo de la Espriella podría pasar por otra declaración presidencial contra la corrupción. Pero contiene algo más interesante: una manera de entender el poder.
Gustavo Petro llegó a la Presidencia con una promesa anticorrupción. Su discurso planteó recuperar lo robado, vigilar para que no volviera a ocurrir y transformar el sistema. Pero el balance de su gobierno ofrece una paradoja: Transparencia por Colombia calificó como deficiente la acción pública anticorrupción de 2022-2026. No se trata de hacer un inventario de escándalos. Se trata de entender la diferencia entre dos maneras de plantear el problema. Blendi Kajsiu ha mostrado que la corrupción no es un concepto políticamente neutro: la forma en que un gobierno la define revela también qué entiende por Estado, poder y orden político.
Petro convirtió la corrupción en explicación del sistema que debía transformarse. De la Espriella intenta convertirla en un problema operativo que el Estado debe detectar antes del daño. La diferencia aparece en una frase: “queremos llegar antes”.
Contratos, anticipos, adiciones, sociedades, beneficiarios reales, movimientos financieros, auditorías forenses, tecnología y analítica. La apuesta es identificar señales de riesgo antes de que el dinero desaparezca, no limitarse a perseguirlo cuando se perdió. El Libro de la Verdad reunió 82 casos que el Gobierno trasladó a Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para su evaluación. Porque la anticorrupción puede ser una bandera moral o una explicación del poder. Pero también puede convertirse en algo menos vistoso y más importante: capacidad estatal para anticipar el robo de los recursos públicos.
El episodio de Sincelejo ofrece un examen. Ante señalamientos contra el alcalde Yahir Acuña, De la Espriella anunció que no entregaría un “cheque en blanco” a la administración local y que buscaría mecanismos institucionales para ejecutar proyectos sin dejar recursos nacionales bajo su control. Al tiempo, mantuvo inversiones previstas para Sucre y anunció vigilancia sobre los recursos.
La decisión plantea la frontera que el Gobierno tendrá que cuidar: prevenir el riesgo no puede convertirse en sustituir jueces ni en convertir al Presidente en juez de sus adversarios. El Gobierno insiste en que los hallazgos deben llegar a las autoridades competentes. “Llegar antes” tampoco puede depender de que el Presidente vigile personalmente cada contrato o funcionario. Un Estado fuerte es aquel que puede detectar, prevenir y corregir mediante instituciones capaces de actuar por sí mismas.
El problema del gobierno anterior no fue la ausencia de discurso anticorrupción. Fue la distancia entre ese discurso y la capacidad para prevenir, detectar y responder. Si “llegar antes” consigue convertirse en inteligencia, trazabilidad, controles y capacidad institucional permanente, la anticorrupción dejará de ser solo una promesa política. La verdadera ruptura no será decir que la plata pública es sagrada. Será construir un Estado capaz de demostrarlo antes de que desaparezca.
