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Entramos en la recta final de la elección presidencial, proceso siempre de vital trascendencia, pero el cual en esta ocasión desborda su natural alcance e importancia de escoger quién nos gobernará por los próximos cuatro años.
En efecto, en las dos próximas vueltas electorales, a realizarse el 31 de mayo y 21 de junio, no elegiremos únicamente presidente sino que con él también optaremos entre seguir viviendo en democracia o perderla, al estilo de lo dolorosamente vivido en Venezuela, en caso de que llegare a ganar Iván Cepeda. Él es el heredero político de Petro y cuenta además con el apoyo del Pacto Histórico y del partido Comunes fundado por ex FARC; recibe también en su beneficio la ilegal y descarada intervención política del presidente, sus ministros y funcionarios de primera línea, quienes con su actuar han sobrepasado los límites que indican la Constitución, la institucionalidad y los fundamentos morales y éticos de lo público, dejándole sentadas las bases para consolidar un gobierno autocrático.
El hecho de que el presidente sea elegido por voto popular valida su origen, pero no garantiza que el ejercicio del cargo sea dentro de límites democráticos, los cuales deben estar acompañados por el respeto a la oposición y al Estado de Derecho, dependiendo estos de la actitud personal según las condiciones y convicciones más íntimas y profundas del elegido. El gobierno que termina es rotunda comprobación de la validez y peligros de este enunciado. El riesgo, pues, está servido.
No hay para qué desconocer la realidad del momento; ella dista de ser la mejor en defensa de la democracia como sistema de gobierno. Todas las encuestas muestran que Cepeda estará en la segunda vuelta, mientras que la centro derecha está dividida, lanzándose pullas entre seguidores de ambas candidaturas. De otro lado, lánguidos papeles desempeñan los restantes once candidatos, quienes abusando de las oportunidades no restrictivas que la democracia brinda a cualquier ciudadano, juegan a ser presidentes sin probabilidad alguna de salir elegidos, pero satisfaciendo egos o, peor, recónditos intereses particulares u oportunidad de negocio. La dignidad de presidente demanda de los candidatos cualidades morales de superior jerarquía. Ninguno de los integrantes del “club de los once sin opción” debe creerse que con sus ínfimas favorabilidades en las encuestas pueda llegar a ser presidente. Y una de dos; si lo cree, está demostrando que no tiene la sensatez mínima para aspirar al cargo; y si no lo piensa así, por qué sigue entonces predicando que lo va a ser; ¿cuáles son sus verdaderas intenciones? No confesarlas con la franqueza que la democracia requiere, los invalida moralmente.
Vano sería esperar buen juicio de todos los integrantes de este “club”, porque varios juegan para el otro lado; no así, confiando estar en lo correcto, serían los casos de Fajardo, Uribe, Lizcano, Botero, Matamoros y alguno más. Aunque todos ellos están sin probabilidades de pasar a segunda vuelta, el acumulado de sus favorabilidades políticas sí sería supremamente valioso para poner a seguro nuestra democracia. Aún es tiempo; están llamados a actuar con sentido histórico, para no asumir eventuales responsabilidades por su enconada obstinación.
