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Tres días de terror evidencian que la crisis de orden público es más grave de lo que reconoce el gobierno. El sábado 8 de noviembre, las instalaciones de un Batallón del Ejército Nacional fueron atacadas con explosivos en pleno corazón de Tunja. Al día siguiente, cinco soldados profesionales que se desplazaban de civil, fueron secuestrados tras ser obligados a descender de un vehículo de transporte público en zona rural de Tame. Y el lunes, el vehículo en el que se movilizaba el Gobernador de Arauca fue objeto de un atentado, al que milagrosamente sobrevivió.
Estos ataques son resultado del fracaso de las Políticas de Paz Total y de Seguridad Humana de Gustavo Petro, que han facilitado el fortalecimiento y el desdoblamiento de las estructuras criminales en todo el País. Un informe de inteligencia dado a conocer recientemente por Blu radio, da cuenta de que los grupos armados crecieron 6% en los últimos seis meses, llegando a 22.000 integrantes —entre individuos armados y redes de apoyo—, con presencia en 10.034 veredas de 569 municipios en 29 de los 32 departamentos.
Mientras la Fundación de Paz y Reconciliación (PARES), en un informe publicado el 9 de noviembre reveló que, entre diciembre de 2024 y julio de 2025, las ocho principales estructuras criminales crecieron 15% (3.320 nuevos integrantes), sumando 25.278 hombres, de los cuales 48% están en armas y 52% hacen parte de redes de apoyo o milicias urbanas. Según este informe, las estructuras de Iván Mordisco y el Clan del Golfo fueron las que mayor expansión registraron, con aumentos del 20% y 18%, respectivamente.
Al contrastar estas cifras con las reportadas en 2022, el resultado es escandaloso. El Clan del Golfo pasó de 4.099 a 8.945 miembros, lo que equivale a un crecimiento de 118%; el ELN aumentó de 5.885 a 6.450 integrantes, lo que representa un aumento del 10%; y el grupo criminal de Iván Mordisco creció de 1.868 integrantes a 6.721, lo que significa un 260%.
Esto explica que en el periodo examinado por PARES se hayan registrado un 123,9% más de ataques contra la Fuerza Pública y un 53,3% más de enfrentamientos entre grupos armados por el control de cerca de 14 zonas en disputa.
El ataque terrorista en Tunja, una de las principales ciudades cercana a la capital, que se suma al atentado a la Escuela de Militar de Aviación en Cali (21 de agosto) y las tres acciones terroristas a la infraestructura eléctrica en el Valle de Aburrá (junio, septiembre y octubre), no deben tratarse como un acto criminal más. A todas luces, es evidencia del poder adquirido por el terrorismo, el resquebrajamiento de la institucionalidad, el debilitamiento del Estado de derecho, la pérdida de capacidades operativas de la Fuerza Pública y de inteligencia del Estado.
Bastante advertimos que el recorte presupuestal del sector defensa, el retiro masivo e injustificado de altos mandos militares y policiales, así como la politización de los organismos de inteligencia conducirían al estado de cosas que hoy causan zozobra, agravado por la ruptura de relaciones diplomáticas con nuestros principales aliados en materia de seguridad (Israel y Estados Unidos) y la persistencia de Petro en un pérfido diálogo que solo han beneficiado a la criminalidad. En el 2026 se le acaba la fiesta a los bandidos, vamos a recuperar el control institucional de todo el territorio.
