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Mientras Petro ataca a las Altas Cortes, hostiga al Magistrado que le impidió apropiarse del ahorro pensional de millones de colombianos, cuestiona a la Fiscal General por no suspender las órdenes de captura de los jefes de las FARC y del Clan del Golfo, designados como gestores de paz pese a persistir en su accionar criminal, insiste en el fraude en las próximas elecciones y presiona indebidamente al Registrador para acceder al código fuente del software electoral; el Ministro del Interior insiste en que Colombia vive unas elecciones seguras y con garantías plenas. Nada más alejado de la realidad.
No puede hablarse de elecciones seguras cuando un precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, fue asesinado cobardemente durante un acto político. Tampoco cuando en las últimas semanas se han conocido varias amenazas contra candidatos presidenciales, atentados contra dirigentes regionales y asesinatos de coordinadores políticos en plena campaña electoral.
En Cubarral, Meta, el pasado 16 de mayo fueron asesinados Rogers Mauricio Devia, exalcalde y coordinador de la campaña de Abelardo de la Espriella, y Eder Fabián Cardona, integrante de la misma campaña. Horas antes, en el mismo municipio, había sido atacado Julián Cardona, dirigente del Centro Democrático, quien sobrevivió gracias al blindaje de su vehículo. A esto se suman las amenazas contra Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, así como el audio atribuido a las disidencias de alias ‘Calarcá’ presionando a comunidades para votar por Iván Cepeda.
Las alertas institucionales son contundentes. El Instituto de Ciencia Política identificó señales de interferencia de grupos armados sobre 327 mil votos efectivos y la Misión de Observación Electoral (MOE), al actualizar el mapa de riesgo electoral, advirtió que 386 municipios, que equivalen al 34,4%, presentan algún grado de riesgo electoral por violencia y fraude; de ellos, 139 están en riesgo extremo. Los departamentos con mayor número de municipios afectados son Cesar, Valle del Cauca, Chocó, Arauca y Antioquia; este último, con el 42% de sus municipios en riesgo.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo concluyó en su más reciente informe de seguimiento a la Alerta Temprana Electoral que la respuesta estatal ha sido apenas parcial, las recomendaciones formuladas tuvieron un cumplimiento de apenas el 42%. La Entidad alertó sobre el fortalecimiento de las “gobernanzas armadas ilegales”, en las que grupos criminales “suplantan funciones del Estado, regulan campañas políticas y vetan candidaturas”. Además, documentó 457 casos de amenazas de muerte contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos en el contexto preelectoral, advirtiendo que en varias regiones del país los grupos armados están imponiendo restricciones a la movilidad, condicionando el comportamiento electoral de la población y ejerciendo control sobre administraciones locales.
Colombia ha enfrentado antes elecciones en medio de dificultades de orden público; pero nunca habíamos tenido un gobierno tan negligente, permisivo y complaciente frente al fortalecimiento de los grupos armados ilegales. Nunca habíamos tenido un gobierno contribuyendo a erosionar la confianza democrática, hablando sistemáticamente de fraude sin pruebas.
La democracia no se protege negando la realidad, sino garantizando seguridad, fortaleciendo las instituciones y enfrentando con determinación a quienes pretenden persuadir el voto con fusil.
