La política de “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro una vez más queda bajo cuestionamiento por cuenta de un documento que mostró hasta dónde llegaron las condiciones diferenciadas para los cabecillas recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí.
La directiva estableció un régimen especial para 16 privados de la libertad reconocidos como “voceros de la Paz Urbana”, vinculados al proceso de conversación sociojurídica del Gobierno Petro con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. Entre las condiciones estaban una sala exclusiva para reunirse hasta las 10:00 de la noche, visitas familiares diferenciadas, ingreso de comida preparada desde afuera, posibilidad de recibir alimentos crudos y televisores exclusivos en sus celdas.
El documento, revelado por Noticias RCN, fue firmado por el coronel Rolando Ramírez, quien entonces estaba al frente de Custodia y Vigilancia del Inpec y había sido encargado como director general.
La fecha vuelve especialmente incómoda la revelación para el Gobierno Petro, pues la directiva apareció 27 días después de la parranda vallenata que expuso los privilegios dentro de la misma cárcel y que llevó al Ejecutivo a suspender la interlocución con los cabecillas.
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El 8 de abril de 2026, la cárcel de Itagüí dejó de ser únicamente noticia por albergar a algunos de los principales jefes de estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. El escándalo de una parranda vallenata, con artistas y licor obligó al Gobierno a suspender la agenda de interlocución con los voceros de las estructuras criminales. El Inpec, además, anunció investigaciones y medidas contra funcionarios vinculados al funcionamiento de la cárcel.
La controversia no fue menor. Dos días después de la parranda, el 10 de abril, el Inpec realizó un megaoperativo sorpresa en la cárcel por el mensaje oficial de “endurecimiento de los controles” para revisar pabellones, retirar elementos prohibidos y determinar cómo había sido posible que una celebración de esas dimensiones ocurriera dentro de un establecimiento penitenciario.
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Sin embargo, 27 días después del escándalo apareció una directiva transitoria que establecía condiciones diferenciadas para 16 voceros de la Paz Urbana. La directiva justificó las medidas bajo el propósito de “fortalecer el seguimiento y el control del proceso”.
“La presente directiva tiene como propósito fortalecer los mecanismos de seguimiento, control y reporte institucional frente a las actividades desarrolladas asegurando el cumplimiento de los compromisos derivados del proceso de paz urbana, la trazabilidad de las actuaciones y la debida rendición de cuentas ante las instancias competentes.” Se lee en la directiva.
El problema es que ese propósito terminó acompañado de condiciones que no son ordinarias para los internos. Estos eran los privilegios:
• Sala exclusiva para reuniones: el Inpec habilitó el aula virtual o sala de paz, ubicada en el bloque de alta seguridad, para que los voceros se reunieran incluso hasta las 10:00 de la noche.
• Visitas familiares diferenciadas: los miércoles, cada vocero podía recibir hasta tres adultos, con ingreso desde las 8:00 a. m. y salida entre las 2:00 y las 4:00 p. m.
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• Ingreso de comida preparada desde el exterior: durante estas visitas se autorizó que los familiares llevaran alimentos preparados. La directiva lo sustentó así: “Se establece que en esta visita diferencial se permitirá el ingreso de comida preparada para los PPL voceros, lo anterior teniendo en cuenta la poca capacidad del establecimiento para suplir las necesidades de alimentación de este personal”.
• Posibilidad de recibir alimentos crudos: los voceros podían optar por no recibir la alimentación suministrada por el establecimiento y recibir alimentos crudos.
• Elementos autorizados dentro de las celdas: la directiva ordenó verificar durante los operativos en los pabellones 1 y 2 que los elementos autorizados permanecieran exclusivamente dentro de las celdas asignadas a los 16 privados de la libertad reconocidos como voceros. El documento señala: “Se deberá constatar en el marco de los operativos que se realicen en los pabellones 1 y 2 que los elementos autorizados se encuentren ubicados exclusivamente al interior de las celdas asignadas a los 16 PPL reconocidos como voceros”.
• Televisores exclusivos: los televisores autorizados para estos privados de la libertad debían permanecer exclusivamente en sus celdas y no podían ser utilizados por los demás internos.
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Entre los 16 privados de la libertad reconocidos como voceros de la Paz Urbana están Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; y José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas. Los tres hacen parte de los nombres identificados públicamente dentro del proceso de conversación sociojurídica entre el Gobierno y las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué beneficios autorizó el Inpec para los voceros de la Paz Urbana en la cárcel de Itagüí?
- La directiva estableció condiciones especiales para 16 voceros, entre ellas una sala exclusiva para reuniones, encuentros hasta las 10:00 p. m., visitas familiares diferenciadas, ingreso de comida preparada, posibilidad de recibir alimentos crudos y televisores exclusivos en sus celdas.
- ¿Cuántos voceros de la Paz Urbana recibieron estas condiciones especiales?
- El régimen diferenciado estaba dirigido a
16 personas privadas de la libertad reconocidas como voceros de la Paz Urbana y vinculadas al proceso de conversación sociojurídica con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.
- ¿Quién firmó la directiva que estableció los beneficios para los voceros de la Paz Urbana?
- El documento fue firmado por el coronel
Rolando Ramírez, quien entonces estaba al frente de Custodia y Vigilancia del Inpec y había sido encargado como director general de la entidad
- ¿Cuándo se firmó la directiva del Inpec sobre los beneficios en la cárcel de Itagüí?
- La directiva apareció
27 días después del escándalo por la parranda vallenata ocurrida el 8 de abril de 2026 en la cárcel de Itagüí. Dos días después de ese escándalo, el Inpec había realizado un megaoperativo para reforzar los controles en el penal
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