Colombia aún no termina de dimensionar el alcance del esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y ya comienza a emerger otro escándalo de posibles proporciones similares. La Corte Suprema de Justicia citó como testigo al exministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, en el proceso preliminar que involucra a 28 congresistas señalados de haber intervenido irregularmente en la adjudicación de millonarios contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías).
Este nuevo caso, que empieza a tomar forma en el alto tribunal, se centra en la presunta entrega amañada de contratos de infraestructura vial desde el Invías, bajo posibles presiones políticas de congresistas de distintas bancadas. La Fiscalía, tras recibir algunos testimonios del Ministerio de Hacienda, compulsó copias a la Corte para que investigue a los parlamentarios por su presunta participación en los hechos.
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El detonante fue la declaración de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien a comienzos de este año alertó sobre anomalías en los procesos de contratación. En su testimonio ante la Fiscalía, Benavides detalló cómo senadores y representantes habrían influido en la asignación de proyectos viales, lo que encendió las alarmas en los órganos de control.
Luis Carlos Reyes, quien también fue director de la DIAN durante el primer año del Gobierno Petro, fue citado en calidad de testigo por la Corte, debido a que en su paso por el gabinete podría haber conocido o recibido advertencias sobre estas presuntas irregularidades. Su testimonio, citado para el próximo 21 de julio, será clave para reconstruir el contexto político y administrativo en el que se habrían producido los hechos.
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Aunque por ahora se trata de una etapa preliminar, la citación al exministro sugiere que el caso empieza a escalar. Si se confirman los indicios, podría tratarse de un entramado de corrupción que supere en alcance al de la UNGRD, con ramificaciones directas en el Congreso y en la contratación pública de obras viales.