Desde el Hotel Ópera, en el centro de Bogotá, el candidato presidencial Iván Cepeda anunció este jueves la llegada del exministro y exmagistrado Iván Velásquez a su proyecto político, en medio de la presentación de una propuesta para crear un Sistema Nacional Anticorrupción.
Pero el anuncio, lejos de pasar inadvertido, desató cuestionamientos sobre una posible participación indebida en política por parte del actual embajador de Colombia ante el Vaticano.
Durante el evento —en el que no hubo espacio para preguntas de los periodistas, aunque fue citado como rueda de prensa— Cepeda aseguró que su eventual administración impulsará una “lucha frontal contra la macro corrupción” y reveló que Velásquez sería el encargado de dirigir el nuevo sistema anticorrupción en un eventual gobierno del Pacto Histórico.
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La propuesta busca ser materializada mediante un proyecto de ley que, según el candidato, sería presentado con mensaje de urgencia en el Congreso si llega a la Presidencia.
Sin embargo, el anuncio abrió un debate inmediato: ¿cómo puede un embajador en ejercicio ser presentado públicamente como pieza clave de una campaña presidencial sin cruzar la línea de la participación política?
Velásquez actualmente ocupa uno de los cargos diplomáticos más visibles del Gobierno Petro: embajador de Colombia ante la Santa Sede.
En esa condición sigue siendo funcionario público y, por tanto, está sujeto a las restricciones constitucionales y disciplinarias que prohíben a los servidores públicos intervenir en actividades y controversias políticas.
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Aunque Cepeda no formalizó un nombramiento de campaña, sí presentó a Velásquez como el hombre que lideraría una de las apuestas centrales de su eventual gobierno. El escenario, además, fue claramente político y electoral, no académico ni técnico.
Fuentes diplomáticas consultadas por EL COLOMBIANO señalaron que, precisamente para evitar cuestionamientos por participación indebida en política, Velásquez debería renunciar a su cargo diplomático si pretende vincularse de manera efectiva al proyecto presidencial de Cepeda.
Las mismas fuentes explicaron que un embajador no puede aparecer promoviendo propuestas de campaña ni ser anunciado como futuro integrante de un eventual gobierno mientras continúa representando oficialmente al Estado colombiano en el exterior.
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“Debería presentar su carta de renuncia al cargo y que Presidencia se la acepte, para poder así sumarse a la campaña Iván Cepeda y dedicarse tiempo completo a eso. Porque, pues, obviamente, si participa como embajador, eso sería una indebida participación política”, expresó la fuente consultada por EL COLOMBIANO.
Otra persona de la Cancillería, que habló con este medio, dijo que así el embajador tenga contrato de “libre nombramiento y remoción”, es decir, un cargo de confianza directamente del presidente, muy parecido al de los ministros, “le aplican los mismos límites que a cualquier funcionario público: la prohibición de participar en política o en actividades proselitistas”.
La hoja de vida del exministro
Velásquez fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia entre 2006 y 2012 y coordinó las investigaciones de la “Parapolítica”, el escándalo que reveló los nexos entre dirigentes políticos y grupos paramilitares.
Ese proceso llevó a la investigación y condena de decenas de congresistas, gobernadores y alcaldes vinculados con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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Posteriormente, en 2013, fue designado por la ONU como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), desde donde lideró investigaciones de alto impacto como el caso “La Línea”, una estructura de corrupción aduanera que terminó provocando la caída del entonces presidente Otto Pérez Molina.
Ahora, años después de convertirse en símbolo de la lucha anticorrupción, Velásquez vuelve al centro del debate público, esta vez no por una investigación judicial, sino por las dudas que despierta su eventual salto desde la diplomacia oficial hacia la arena electoral sin abandonar previamente el cargo.
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Las pruebas documentales y las interceptaciones telefónicas derivaron en protestas masivas, la renuncia y posterior encarcelamiento de la vicepresidenta Roxana Baldetti y del presidente en ejercicio, Otto Pérez Molina.
Macro investigaciones y no casos aislados
Durante su intervención, Cepeda aseguró que el objetivo del nuevo esquema propuesto no será únicamente sancionar hechos aislados, sino desmontar las estructuras de poder que, según afirmó, han convertido los recursos públicos en patrimonio privado.
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“El sistema nacional anticorrupción tendrá un responsable en el alto gobierno, quien liderará su creación y funcionamiento”, señaló.
Explicó además que el mecanismo contará con una instancia directiva de orden nacional y una fuerte capacidad preventiva apoyada en el fortalecimiento tecnológico del Estado.
La propuesta contempla un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación para reforzar las investigaciones penales contra redes de corrupción.
En ese sentido, Cepeda anunció que presentará ante el Congreso, con mensaje de urgencia, una Ley Nacional Anticorrupción.
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Según detalló, la iniciativa buscará “fortalecer la transparencia institucional, simplificar trámites estatales, combatir la impunidad y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas”.
“No más investigación caso por caso, individuo por individuo. Se van a investigar las redes, los aparatos y entramados de corrupción”, afirmó Cepeda, quien indicó que la persecución penal utilizará métodos similares a los aplicados contra estructuras de crimen organizado.
La propuesta también incluirá incentivos judiciales para quienes entreguen información que permita recuperar recursos públicos robados y desmantelar organizaciones corruptas. Los dineros recuperados, indicó, serían destinados a programas sociales y gasto público.
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