El Ministerio de Salud empezó la operación ‘chancleta’ a la Comisión Séptima del Senado de la República, en donde la reforma al sistema espera por tener su tercer debate. La semana pasada la discusión quedó estancada tras aprobar una solicitud de aplazamiento, según senadores de oposición, hasta que haya aval fiscal que garantice que haya recursos para implementarla.
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Esa cartera indicó en un comunicado de prensa que el Ministerio de Hacienda presentó ante esa comisión un concepto favorable para la implementación del proyecto y señaló que esa corporación “ha planteado múltiples excusas para dilatar el debate”, por lo cual “su trámite no ha avanzado”.
En ese sentido, señalaron que “sí se cuenta con el aval fiscal para la aprobación de la reforma a la salud en varias oportunidades”, en referencia a que lo presentaron cuando se radicó la reforma, en septiembre de 2024; cuando se incorporaron ajustes hechos en la Cámara de Representantes, como nuevas fuentes de financiación y progresividad en algunas sendas de gasto, en mayo de 2025; así como cuando inició la actual legislatura, en julio pasado.
“En agosto de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público allegó a la Comisión Séptima del Senado el documento de aval fiscal para la aprobación del Proyecto de Ley de reforma a la salud, en el cual se plantea que el impacto fiscal estimado del proyecto de ley puede incorporarse de forma compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, manteniendo la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de las finanzas públicas”, explicó el Minsalud.
Con esto, la entidad insistió en que la reforma “cuenta con un concepto favorable de impacto fiscal, sin que este dependa de la aprobación de la Ley de Financiamiento”.
¿Aval o análisis de impacto fiscal?
En los grupos de prensa en donde compartieron el comunicado también agregaron el documento con el “aval fiscal”. Se trata de un archivo de 15 páginas firmado por el viceministro Técnico (e) del Ministerio de Hacienda, Leonardo Pazos Galindo, que fue enviado al presidente de la Comisión Séptima, Miguel Ángel Pinto.
El documento, sin embargo, no tiene la palabra “aval” en alguna página y, en cambio, señala desde el primer párrafo que es un “análisis de impacto fiscal” de Hacienda y, como no lo elaboró ni firmó el ministro Germán Ávila, sino el viceministro, no tendría el peso jurídico requerido.
La líder social en salud Hannah Escobar señaló al respecto que un aval fiscal, según la Ley 819 de 2003, “debe ser un pronunciamiento formal del ministro de Hacienda que certifique la disponibilidad de recursos y autorice el gasto”, pero que “nada de eso aparece en el documento ni una sola vez”.
De hecho, el documento resalta que “el costo fiscal de la propuesta ha sido objeto de cambios y los seguirá presentando de conformidad con las modificaciones a las que sea sometido el proyecto durante el transcurso del trámite legislativo, a la actualización de los presupuestos económicos y dependerá de los tiempos del proceso legislativo y la ejecución presupuestal a la fecha de la aprobación e implementación del proyecto”.
Lo anterior, para Escobar significa que “no hay plata asegurada ni compromiso alguno de Hacienda. Sin embargo, el Ministerio de Salud lo está vendiendo como si Hacienda hubiera dado luz verde definitiva porque necesitan apurar una narrativa que legitime la captura de los recursos del sistema, aun cuando el soporte financiero es pura espuma”.
En ese aspecto, advierte que lo grave es que “manipulan documentos oficiales, tergiversan conceptos técnicos y abusan del lenguaje institucional para justificar una reforma que no tiene cómo sostenerse ni en cifras ni en derecho”.
“Si el proyecto realmente tuviera aval fiscal, Hacienda lo habría firmado expresamente. No lo hizo porque sabe que las cuentas no cierran y que la reforma, tal como está, es un agujero negro para las finanzas públicas”, puntualizó Hannah Escobar.
EL COLOMBIANO consultó con el Minsalud por qué el documento que compartieron como “aval fiscal” no lo firmó el ministro de Hacienda y por qué señala que es un “análisis de impacto fiscal” en lugar de aval, pero no obtuvo respuesta al momento del cierre de esta nota.
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