La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia de 130 meses (más de 10 años) de prisión contra el suboficial del Ejército, Alfredo de Jesús Ferreira Delgado, declarado penalmente responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada en concurso homogéneo, por dos episodios de agresión cometidos en 2015 contra su entonces compañera sentimental, Deisy Patricia Pérez Barragán.
La decisión también incluye la inhabilidad para ejercer funciones públicas y niega beneficios penales sustitutivos.
Según la Fiscalía, el primer hecho de violencia ocurrió el 4 de abril de 2015 cuando, tras una salida nocturna, el acusado atacó a la víctima en el apartamento que compartían en el barrio Boitá.
Le propinó golpes, disparos con una pistola de balines y finalmente un impacto directo al ojo derecho, que desencadenó la pérdida total del globo ocular. La víctima fue hospitalizada de urgencia y se le implantó una prótesis.
El segundo episodio se registró el 27 de mayo del mismo año, cuando, tras una discusión por una llamada de la expareja del agresor, Ferreira Delgado la golpeó, la intentó asfixiar y la amenazó con un cuchillo, mientras un familiar del acusado se encontraba presente en el inmueble sin intervenir.
Fue la madre de la víctima quien, al escuchar el escándalo, la auxilió y dio aviso a las autoridades, lo que permitió revelar la verdadera causa de la pérdida ocular que había sido ocultada inicialmente por miedo.
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Durante el juicio, la defensa alegó falta de identificación plena del procesado, inconsistencias en el dictamen médico y parcialidad en la valoración del testimonio de la víctima.
Sin embargo, el tribunal concluyó que la individualización del acusado estaba plenamente acreditada desde las primeras etapas del proceso y que las pruebas presentadas, tanto médicas como testimoniales, permitieron establecer de manera clara y coherente los hechos.
El fallo destacó el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal que determinó una incapacidad de 50 días con secuelas permanentes para la visión, así como el riesgo extremo de la víctima, según una valoración psicológica que evidenció síntomas de depresión y afectaciones por dominación y sometimiento prolongados.
El tribunal hizo énfasis en la importancia de aplicar un enfoque de género, al considerar que las agresiones contra Deisy Patricia Pérez se dieron dentro de un contexto de control, intimidación y cosificación, donde el acusado intentó imponer patrones de dominación sobre su pareja, valiéndose de su estatus como suboficial del Ejército y utilizando la violencia física y psicológica como mecanismo de control.
El fallo concluyó que las pruebas de cargo fueron suficientes para establecer la responsabilidad penal y descartó la existencia de una duda razonable. También se consideró justificada la orden de captura inmediata, debido al riesgo persistente para la víctima y la gravedad de los hechos.
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