El fiscal Alejandro Gertz Manero informó que se solicitará información formal a Israel para incorporar datos al proceso.
La Fiscalía General de la República (FGR) de México anunció este martes la apertura de una investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) tras la publicación de un reportaje que lo vincula con presuntos sobornos por 25 millones de dólares para permitir la operación en México del sistema de espionaje israelí Pegasus.
Durante la conferencia de prensa presidencial, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación y que se solicitará formalmente al Gobierno de Israel la información divulgada por medios de ese país.
“Vamos a reclamar a las autoridades de Israel esta información que dieron, de carácter mediático, para poder incorporarla y seguir adelante”, dijo el fiscal. Añadió que las denuncias presentadas en sexenios anteriores sobre Pegasus no habían contado con pruebas suficientes, por lo que ahora se buscará encuadrar el caso dentro del marco de asistencia jurídica internacional.
El reportaje publicado por el medio israelí The Marker sostiene que vendedores del sistema Pegasus habrían entregado a Peña Nieto 25 millones de dólares para facilitar la operación del software en México.
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Entre las instituciones involucradas en la adquisición figuran la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
En respuesta, el exmandatario negó las acusaciones. En un comunicado emitido este lunes 7 de julio, Peña Nieto calificó como “falsa y dolosa” la información del reportaje. Afirmó que nunca tuvo a su cargo la autorización de contratos relacionados con el software y defendió que Pegasus se utilizó “para fortalecer capacidades de inteligencia y combatir al crimen organizado”, no para espiar a ciudadanos.
El caso Pegasus tomó relevancia internacional en 2021, cuando una investigación reveló que el programa había sido utilizado por varios gobiernos para intervenir comunicaciones de hasta 50.000 personas, incluidos activistas, periodistas y líderes opositores.
México encabezó la lista con 15.000 teléfonos intervenidos durante el gobierno de Peña Nieto, entre ellos los de colaboradores cercanos del entonces opositor y actual presidente Andrés Manuel López Obrador, así como familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
“Nuestra relación con esas autoridades no ha sido fácil hemos tenido problemas que vienen desde lo que ocurrió en Ayotzinapa y tenemos casos detenidos que llevan varios años, espero que tengamos esta vez una respuesta más rápida. En ese caso que fue sonado y muy conocido, incluso una periodista inicio ese procedimiento, lo llevamos ante los jueces, logramos establecer las responsabilidades de todos los que estaban involucrados, que algunos ya se habían dado a la fuga pero los que se encontraban en México los procesamos y judicializamos, después vienen las respuestas de autoridades judiciales que ya vamos a poder revertir”, dijo el fiscal.
La FGR ha reiterado su compromiso de esclarecer el caso y establecer responsabilidades legales, en un tema que sigue generando tensión por sus implicaciones políticas, legales y éticas sobre el uso de tecnologías de vigilancia por parte del Estado.
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