El Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ordenó el cierre temporal de Rose Cay (conocido como Cayo Acuario) y restricciones en el acceso a Haines Cay, tras comprobar un grave deterioro ambiental causado por el turismo masivo y la falta de control institucional en estas islas, uno de los destinos más visitados del Caribe colombiano.
La decisión, adoptada en respuesta a una acción popular interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, se fundamenta en la necesidad de proteger derechos colectivos al medio ambiente sano y el equilibrio ecológico.
El alto tribunal ordenó el cierre de Rose Cay por seis meses y cierres trimestrales de tres días en Haines Cay para permitir la recuperación ecológica.
En su fallo, el Tribunal advirtió la operación de establecimientos comerciales sin infraestructura básica, la inexistencia de servicios sanitarios, la descarga de aguas contaminadas al mar y la erosión acelerada causada por el tránsito desmedido de embarcaciones.
Además, dispuso desmontar las estructuras fijas instaladas en la zona, realizar estudios técnicos de capacidad de carga y reubicar las actividades comerciales bajo parámetros sostenibles.
El Ministerio Público sustentó que la medida se toma bajo el principio de precaución, al considerar que la zona enfrenta una “alta inestabilidad ambiental”.
La crisis ambiental en los cayos coincide con hallazgos recientes de prácticas turísticas ilegales. El pasado 14 de julio, la Armada, la Policía Nacional y la Corporación Coralina sorprendieron a tres personas realizando cebado de especies marinas como tiburones y mantarrayas en Cayo Acuario.
La actividad buscaba atraer turistas, pero altera la conducta natural de los animales, rompe la cadena trófica y genera dependencia alimentaria artificial, según explicaron las autoridades ambientales. Este tipo de prácticas también eleva el riesgo de incidentes, al propiciar interacciones peligrosas entre turistas y fauna silvestre.
Los responsables fueron capturados y trasladados al muelle de la Estación de Guardacostas de San Andrés. Enfrentan cargos por delito ambiental, tipificado en la Ley 2111 de 2021, que contempla penas de entre 60 y 135 meses de prisión y multas de hasta 43.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Cayo Acuario hace parte de la Reserva de Biósfera Seaflower, declarada por la Unesco como patrimonio ambiental de la humanidad. Allí rige la Resolución 611 de 2022 de Coralina, que prohíbe expresamente el cebado y manipulación de fauna marina en el Archipiélago.
Por lo tanto, la Procuraduría anunció que seguirá vigilando el cumplimiento del fallo y las acciones coordinadas que deberán implementar Coralina, la Dirección General Marítima (Dimar) y la Gobernación de San Andrés para la protección de una de las reservas naturales más importantes del país.
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