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Los últimos quince años han sido bastante malos para la democracia alrededor del mundo. La polarización ha aumentado, el Estado de derecho se ha debilitado y los liderazgos populistas se han expandido en democracias de todos los continentes. Como resultado, el deterioro democrático—que en la jerga académica suele llamarse democratic backsliding—se ha convertido en uno de los temas más estudiados en la ciencia política contemporánea.
Extrañamente, en Colombia este debate ha recibido muy poca atención. Y resulta extraño porque, para su nivel de ingresos, la resiliencia democrática colombiana ha sido una anomalía internacional. Sin romantizarla—sus falencias han sido enormes—Colombia logró escapar a las grandes oleadas autoritarias que atravesaron América Latina durante el siglo XX y mantuvo una continuidad institucional incluso en medio de algunos de los peores niveles de violencia del planeta.
Esa resiliencia, sin embargo, parece estarse agotando. Los signos son cada vez más difíciles de ignorar. Mencionaré tres que cualquier estudioso comparado del deterioro democrático reconocería inmediatamente.
El primero es la creciente confrontación del Ejecutivo con las instituciones independientes. En la mayoría de casos contemporáneos de backsliding—e.g. Hungría, Turquía, Venezuela o El Salvador—los gobiernos comenzaron presentando a las altas cortes, los órganos de control, los bancos centrales y los parlamentos como obstáculos para la voluntad popular. Colombia lleva cuatro años adentrándose en ese territorio. Desde el presidente hacia abajo, miembros del gobierno han acusado a las cortes de promover un golpe blando, al Congreso de ser una banda de mafiosos y a la junta del Banco de la República de promover el hambre. Más allá de los méritos particulares de cada discusión, el patrón es claro y muy preocupante. Instituciones diseñadas para limitar y equilibrar el poder son deslegitimadas y, eventualmente, capturadas para favorecer al aspirante a autócrata.
El segundo rasgo es el deterioro de la calidad de la información pública. En las democracias modernas, donde buena parte de la información relevante es producida por el Estado, la transparencia no es un detalle técnico, es una condición esencial para el diálogo ciudadano. Por eso, los proyectos autoritarios suelen venir acompañados de la manipulación, ocultamiento o degradación de los datos públicos. En Colombia, esta tendencia es muy preocupante. Desde la difusión constante de información falsa por parte del propio presidente en redes sociales, hasta decisiones planeadas, como las de postergar la publicación del informe de la ONU sobre cultivos de coca y producción de cocaína para después de elecciones o la de anunciar públicamente, como nuevos, 400 mil cupos en la educación universitaria pública, cuando sus propios registros internos señalan solo 87 mil—siendo tres cuartas partes de ellos virtuales. Y el problema no es si una cifra particular es correcta o incorrecta; es la creciente dificultad para distinguir entre información verificable y propaganda política. Esto le permite al aspirante a autócrata posicionar su narrativa y capitalizarla electoralmente, mientras evita que se le haga veeduría o se le castigue electoralmente por su desempeño real.
El tercer elemento es el deterioro de ciertas normas informales alrededor de la competencia electoral. En todas las democracias los gobiernos de turno poseen ventajas políticas y la historia colombiana está lejos de ser impecable en este frente. Pero durante las últimas décadas persistió cierto decoro institucional. Hasta hace poco, toda la evidencia sobre intervenciones de funcionarios públicos en elecciones fue relativamente marginal. El actual gobierno abandonó por completo esas pretensiones. El involucramiento abierto del aparato estatal en la promoción política del oficialismo, el uso intensivo de medios públicos y la participación explícita de altos funcionarios en defensa del candidato del Pacto Histórico representan una ruptura frente a las prácticas de los últimos 30 años. Más preocupante aún fue la reacción presidencial frente a los resultados preliminares de las elecciones de este domingo. Sembrar dudas sobre la legitimidad del preconteo erosiona la confianza en las instituciones electorales, un atributo indispensable para permitir la transición de poder.
El problema de fondo es claro. Desde un comienzo, el Pacto Histórico ha entendido los controles institucionales no como elementos constitutivos de la democracia, sino como obstáculos contingentes para su proyecto político. Y esa lógica—más que cualquier decisión individual—es la que ha terminado erosionando en años recientes a las democracias alrededor del mundo.
La democracia colombiana sobrevivió durante generaciones a condiciones que habrían destruido a muchas otras: corrupción, narcotráfico, guerrillas, paramilitarismo y profundas fracturas sociales. Pero sería un error asumir que, por haber resistido todo eso, su deterioro es imposible o que solo podría llegar de la mano de un golpe militar. En el siglo XXI, las democracias rara vez mueren abruptamente bajo los bombazos de tanques de guerra. Mucho más común es que se erosionen lentamente, mientras líderes elegidos democráticamente normalizan los ataques a los controles institucionales, degradan el debate público y debilitan las mismas normas que les permitieron llegar al poder.
