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La revolución moral no era un eslogan para Luis Carlos Galán. Era una invitación. Galán se opuso con todas sus fuerzas y su propia vida al clientelismo tradicional, la corrupción política en todos sus matices y la influencia del narcotráfico en la vida pública.
El llamado de Galán permanece vigente en medio de un gobierno que ha sobrepasado los límites éticos y legales; en una campaña política en donde siguen brillando las prácticas clientelares.
El discurso de división del presidente Petro sigue en ascenso, al igual que el engrosamiento de la nómina estatal con una cifra sin antecedentes de 165,000 contratos por más de 14 billones de pesos, previo a las restricciones de la Ley de Garantías. Lo anterior se suma al más alto endeudamiento de ningún otro gobierno de Colombia por una cifra de 111 billones con tasas de interés de hasta el 13%.
Pero el problema no es solo fiscal: es institucional y moral. Además de los indicadores, el problema radica en el desvanecimiento del decoro presidencial. Cada alocución es más desconcertante que la anterior y el abuso de poder de sus colaboradores es evidente. Los contratos del hermano de la ministra de Cultura, la imputación a una joven viceministra de juventud por falsificar títulos universitarios y el encarcelamiento de dos ministros del actual gobierno, componen la cadena de abusos, actos de corrupción y ruptura de la ética pública de esta administración.
El aumento de la división social y el deterioro en la calidad del debate público es provocado por la retórica incendiaria del primer mandatario quien, a pesar de los múltiples llamados de atención desde los gremios empresariales, las instituciones defensoras de la libertad de prensa y hasta el gobierno de los Estados Unidos, persiste en su incendio verbal. No fue suficiente el asesinato de un senador y candidato presidencial, el siempre recordado Miguel Uribe Turbay, para que tanto Petro como su partido político persistan en su irresponsabilidad.
Quien tiene el honor de representar a la ciudadanía y administrar recursos públicos tiene el deber ético y el mandato legal de ser factor de unidad de la sociedad y de asegurar que el dinero de los contribuyentes sea exclusivamente invertido en el bien común, jamás en la promoción de candidaturas, en la movilización de contratistas y en la participación electoral de manera soterrada.
Recuperar la dignidad en el ejercicio de los cargos estatales, en el manejo de las finanzas públicas y en elevar el nivel del debate político no debe ser una excepción de los buenos gobernantes sino la regla general. La revolución moral propuesta por Galán resuena con fuerza en estos días, iniciarla empieza con una decisión personal.
