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Los datos dicen más que la retórica y el relato gobiernista. Termina el gobierno que llegó al poder invocando el cambio social, pero que no logró grandes realizaciones ni cumplir sus promesas del 7 de agosto de 2022. El tono fue desde el primer día mesiánico y beligerante, y así fue el gobierno: más épico en el discurso que eficaz en la ejecución.
La Paz Total fue su promesa más ambiciosa. Logró acuerdos de cese al fuego con el ELN y algunas disidencias de las FARC y abrió mesas de negociación simultáneas con varios grupos armados. Pero los ceses se rompieron repetidamente, la paz total terminó sin resultados verificables y la inseguridad aumentó de forma significativa: ese fue quizás su mayor fracaso ejecutivo. En efecto, según estudio reciente de Mejía, Rivera y Vargas, en los municipios expuestos a los ceses, la extorsión aumento en 337,0%, las amenazas en 70,0% y el reclutamiento forzado de menores en 168,0% y además aumentó la gobernanza criminal.
En reforma agraria se compraron y titularon algunas tierras y el tema volvió a la agenda pública. Pero las metas de redistribución no se cumplieron y la transformación del campo que prometió quedó en el papel. Es claro que no basta con redistribuir tierras sin un desarrollo rural integral. La transición energética, abandono de nuevos contratos petroleros sin hoja de ruta alternativa, derivó en una crisis fiscal y energética severa que nuestro país tendrá que asumir desde ahora.
Las cuatro grandes reformas estructurales, laboral, pensional, salud y educación, fueron el núcleo de sus promesas legislativas. La reforma laboral avanzó parcialmente en derechos de trabajadores, sin tocar la informalidad estructural. La reforma pensional, que está en estudio por la Corte Constitucional, amplió la cobertura para adultos mayores sin pensión, un avance real de inclusión. La reforma a la salud fue su derrota legislativa más costosa: hundida en el Congreso, su intento de desmontar las EPS generó una crisis profunda, deterioro en el acceso, caos administrativo y financiero, que el sistema aún no supera. Y la gran ausente fue la educación: pese a ser eje central del Plan de Desarrollo, no hubo reforma de fondo ni solución al financiamiento de la educación superior pública.
El balance económico es severo. El gobierno deja bajo desempleo pero alta informalidad, crecimiento mediocre, la pobreza que sigue siendo alta y que aumentó en las zonas rurales en 2025, pobreza extrema, es decir hambre, que no cedió lo suficiente, déficit fiscal primario de 4,1% del PIB y balance fiscal total de -7,4% del PIB, inflación que duplica la meta, y sectores como la construcción, las obras civiles y el minero-energético severamente golpeados.
En síntesis: fueron cuatro años que favorecieron a los movimientos sociales, a la población indígena y a las alianzas público-populares. Pero fue también el gobierno que despreció la gran coalición, la tecnocracia y el sector privado, y que desperdició la oportunidad histórica de demostrar que la izquierda podía gobernar bien. Su talante confrontativo y su convicción de que la lucha de clases lo explica todo frustraron aspectos relevantes del Plan de Desarrollo.
El costo lo pagaron quienes más necesitaban el cambio: los pobres, los informales y los del campo. Ellos esperaban resultados. Recibieron a cambio relato y quimeras.
