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Aunque los titulares de las últimas semanas han estado dominados, como cosa rara, por tensiones políticas, escándalos judiciales locales y la guerra comercial desatada por Donald Trump, vale la pena detenerse —aunque ya parezca lejana— en una noticia de comienzos de este mes que bien podría ser una de las más positivas en materia económica para Colombia en lo que va del año: la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de mantener la tasa de interés en 9,5%.
Hablamos de una gran noticia porque, más allá de si fue o no la mejor decisión en términos de política monetaria, lo que realmente debe celebrarse con determinación es lo que representa: una demostración de independencia técnica por parte de uno de los pilares de la estabilidad económica del país. Una independencia del banco central que, además de respetarse, debería servir como modelo a replicar en otras instituciones del Estado.
De acuerdo con el comunicado oficial del Banco de la República, la decisión fue tomada por mayoría de la Junta Directiva con el fin de mantener una postura de cautela frente a los riesgos económicos actuales. Entre las razones destacadas se encuentran el reciente incremento de la inflación anual al 5,3%, el aumento de las expectativas de inflación a partir de encuestas, los riesgos fiscales internos y la incertidumbre global.
La decisión no era obvia. Según la Encuesta ANIF sobre la tasa del Banco de la República, aunque el 58 % de los analistas esperaba un recorte de 25 puntos básicos, el 82 % coincidía en que, dadas las condiciones actuales, lo más prudente era mantener la tasa.
Esa prudencia respondió, probablemente, a dos grandes preocupaciones. La primera, el impacto potencial de la política económica de Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump: con nuevos aranceles en discusión y un entorno de tensiones comerciales cada vez más agresivo, la economía global podría enfrentar un nuevo ciclo de desaceleración, en un contexto de profunda incertidumbre ante la pérdida de confianza en muchas de las instituciones que, por décadas, habían sostenido el orden económico internacional.
La segunda, probablemente más urgente, es la situación fiscal de Colombia: el déficit fiscal podría alcanzar este año un alarmante 9% del PIB, el más alto en la historia reciente, mientras que la deuda pública ya roza el 65% del PIB. Esta combinación —gasto desbordado, menor recaudo y caída en los precios del petróleo— ha minado la confianza del mercado, como se evidenció en la reciente emisión de bonos en dólares, donde el país debió pagar tasas cercanas al 9% en dólares para colocar su deuda.
Este contexto económico, plagado de incertidumbres, hacía que una reducción en las tasas fuera riesgosa. El gobierno, sin embargo, contaba con una aparente mayoría dentro de la Junta Directiva del Banco, lo que en otros escenarios habría bastado para forzar un cambio de rumbo monetario. Pero eso no ocurrió. Y ahí radica lo más importante: los miembros de la Junta no son delegados del Ejecutivo, sino codirectores con autonomía, obligados a actuar conforme a su criterio técnico y al mandato constitucional del Banco, que es preservar la estabilidad de precios.
Este diseño institucional, consolidado en la Constitución de 1991, ha sido uno de los mayores aciertos económicos de Colombia. Permitió dejar atrás una época de alta inflación —que promediaba el 20% durante las décadas anteriores— para estabilizar los precios, atraer inversión y generar confianza en los mercados internacionales. La reciente decisión de mantener las tasas, a pesar de las exageradas presiones del gobierno, reafirma la vigencia y fortaleza de este modelo.
Por eso es preocupante que el presidente Gustavo Petro haya atacado públicamente a Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco y su propia designada, por no haber votado como él quería. Petro la tildó de traidora, en un gesto que evidencia su desprecio por la naturaleza técnica y no subordinada de la Junta. Peor aún, Petro mostró un desconocimiento rampante de la Constitución, pues al criticarla por no haberlo complacido con su voto, no tuvo en cuenta que la Carta Política proclama la total independencia de los codirectores. Es decir, ignora el Presidente que el hecho de él haberla designado en ese cargo es solo un accidente. Bien la pudo nombrar la Corte, el Congreso o quien fuera, pero la tarea de la directora es la de velar porque las decisiones se tomen de la manera más técnica posible, no respondiendo al gobernante de turno. En otras palabras, la junta del Banco tiene la misión de velar para que un gobernante no pueda lanzar al país por el precipicio de la inflación.
No siempre fue así. Durante gran parte del siglo XX, el Banco de la República fue instrumentalizado para financiar déficits y expandir artificialmente el crédito, contribuyendo a ciclos de inflación que erosionaban el poder adquisitivo de los colombianos. Desde la reforma de 1991, esa historia cambió. El país ha tenido picos inflacionarios, sí, pero ha logrado mantener una política monetaria responsable, incluso a contracorriente de las conveniencias políticas del gobierno de turno.
Por eso, más que celebrar esta decisión como un hecho aislado, debemos entenderla como un llamado de atención: si queremos proteger la estabilidad institucional del país, debemos extender este modelo de independencia a otras entidades. Ya en las páginas editoriales de EL COLOMBIANO se ha sugerido una transformación similar para EPM: blindar su junta directiva con miembros técnicos e independientes, no subordinados al alcalde de Medellín de turno. Lo mismo podría pensarse para otras empresas y órganos del Estado, donde la gobernanza técnica debe estar por encima del vaivén político.
La independencia del Banco de la República no solo se debe defender y respetar: se debería replicar.