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El presidente Gustavo Petro propone una consulta popular que costará más de 700.000 millones de pesos para tratar de agitar a la gente en favor de su bancada al Congreso, de cara a las elecciones para las que ya falta menos de un año, en marzo de 2026.
Y en medio de ese anuncio de nuevos gastos, el gobierno sorprendió a los colombianos en plena Semana Santa con un borrador de decreto que pondrá a correr bases a las empresas para pagar más impuestos, de manera anticipada.
El objetivo del Gobierno es recaudar 7,38 billones de pesos (aunque otros analistas hablan de más de 13 billones de pesos) mediante el aumento y anticipo de la retención en el impuesto de renta. Uno de los sectores más afectados y al que se le aplicaría la tarifa mayor de la retención es hidrocarburos, el más castigado en este gobierno con cargas impositivas, así como la energía y la agroindustria, entre otros.
El decreto reduce, además, el umbral a partir del cual se aplica la retención de los pagos por servicios de $199.196 a $99.598, ampliando la base gravable de contribuyentes, es decir, comenzará a cobrarle retención a cada vez un número más amplio de personas, lo cual quiere decir que podría incluso afectar a los sectores más vulnerables de la población.
La noticia, como era de esperarse, causó alarma en el sector productivo del país, que no ha logrado recuperarse de la primera cascada de impuestos de este gobierno con la reforma tributaria aprobada en 2022, y una economía que crece a paso muy lento.
Esta nueva jugada, para recoger plata de manera anticipada, en teoría repite lo hecho en 2023 cuando se implementó el anticipo en el pago de impuestos, tema que ha sido muy cuestionado por el propio presidente Petro, quien lo calificó como un error porque impactó en el bajo recaudo de impuestos del 2024.
Podría pensar uno que como están urgidos de plata se les olvidó y caen otra vez en el error. Pero no es así. Esta vez Petro quiere tener más plata en los bolsillos en plena campaña electoral. Y parece tenerlo sin cuidado de lo que le pase al mandatario que llegue en 2026 y encuentre las arcas más vacías de lo usual.
Esta medida es pan para hoy y hambre para mañana, como anota Anif, porque repite la historia: se recoge plata adicional este año, pero se desfinancia el 2026 porque a la hora de pagar los impuestos, las empresas van a descontar lo que ya giraron por retenciones.
Cómo si fuera poco, esta medida pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las empresas, que tendrán que salir a endeudarse para responder por estos nuevos recursos fiscales, que no estaban en sus presupuestos de este año. Al gobierno no parece importarle poner a correr a las empresas para que salgan a buscar recursos o dejen de hacer inversiones con el fin de cumplir con este nuevo decreto, y además prepara una nueva reforma tributaria por 12 billones de pesos para financiar los gastos de este año.
Son síntomas de desespero. El Gobierno busca recursos hasta debajo de las piedras porque se está quedando sin liquidez y no está cumpliendo con sus obligaciones: no paga los subsidios de servicios públicos como la energía, ni le gira más recursos al sistema de salud, no tiene para comprar vacunas contra la fiebre amarilla.
Lo más triste es que se niega de una manera casi grosera, pues no atiende el clamor de distintos sectores del país, a dejar de aumentar la burocracia de la forma como lo está haciendo. Ha engordado el aparato del Estado como nunca antes otro gobierno lo había hecho. Y se inventa maneras de gastar la plata que no tiene: como la consulta popular, porque está más interesado en las elecciones del 2026, que en la suerte del país en el 2025.
El gobierno está jugando con fuego. El próximo Presidente tendrá el gran reto de tapar todos los huecos que le va a dejar esta administración. En su reciente visita al país, la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) prendió las alertas que desde meses llevan agitando los analistas locales, al señalar que Colombia tiene un descuadre fiscal mayor al esperado, que en 2024 llegó a 6,8%, y además, arrastra un rezago presupuestal de 48 billones de pesos por restricciones de liquidez.
No lo dice sólo el FMI, lo dicen todas las calificadoras de riesgo que bajaron la perspectiva de estable a negativa para Colombia, los inversionistas nacionales e internacionales han frenado y también los bancos de financiamiento como JP Morgan y Goldman Sachs dicen que tenemos serios problemas.
Pero el gobierno no parece darse por enterado, y en un acto de irresponsabilidad fiscal presenta este decreto de anticipo y aumento de la retefuente, en lugar de hacer un recorte mayor en el gasto público, tan necesario en momentos en que se ven muchos nubarrones como la caída en el precio del petróleo, el aumento en el precio del dólar y la incertidumbre por la guerra arancelaria de los Estados Unidos.