Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
Antier cayó el telón del primer acto del drama que se montó contra el expresidente Álvaro Uribe. La escenificación venía armándose con paciencia desde hace mucho tiempo. El final, para quien supo leer gestos y actos, no fue tan sorpresivo: la juez lo declaró culpable, en primera instancia, de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La izquierda alborozada aplaudió a rabiar la decisión.
Álvaro Uribe ha sido víctima de una larga guerra jurídica en la que todo ha valido, y todo se les ha permitido a sus acusadores y detractores. Estos, en aviesa comparsa, han recurrido a todos los instrumentos y artificios legales y no legales para buscar su condena. Las filtraciones mañosas de información judicial a través de redes sociales, con bodegas que solo destilaban odios y sesgos, ha sido otra arma de sus enemigos.
Fue un proceso penal que algunos ingenuos esperaban que se adelantara en derecho y no en justicia politizada. Olvidaban que estamos en Colombia. De por medio, una Fiscalía que ya había pedido en dos ocasiones se absolviera a Uribe, y en giro inusitado de la nueva fiscal, la emprendió contra el sindicado. ¿No era la ley, sino el empeño en enlodar el legado histórico del presidente que cogió una nación inviable para dejarla en otra nación posible y esperanzada?
Del acervo probatorio, ¿se deduce claramente que la acusación penal por los delitos que se le imputaban a Uribe tiene fundamento? ¿O acaso las supuestas conductas punibles se quedaron sin prueba reina que las comprobara? ¿Se construyó mañosamente un proceso basado en testigos que se contradecían, llenos de mentiras como salidos de la mejor escuela de los mitómanos? ¿Quedó claro que fue un burdo montaje en el que se desconocieron las garantías básicas del derecho y del debido proceso establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos? ¿El juicio fue, en síntesis, el vivo retrato de la manipulación de la justicia en Colombia con fines políticos e ideológicos?
A Uribe se le condena, pues, en farragosa sentencia, con abundancia de detalles insustanciales, llena de adjetivos y sesgos, con duros calificativos a su defensa. Copia de los grandes juicios que en Colombia han degenerado en fallos políticos. No importó que los derechos procesales quedaran vulnerados y que las dudas afloraran, según se deducía de la lectura del fallo. La prueba reina no apareció por parte alguna, pero las elucubraciones abundaron. Las chuzadas obtenidas por la Corte Suprema de manera “coincidencial” no hicieron la más mínima mella en la compostura de la juez, que las validó.
Todo ese andamiaje construido con sesgos ideológicos, envuelto en medio de dudas y animado por un elenco circense, irá ahora al Tribunal Superior de Bogotá. Ojalá esta corporación tenga la capacidad de evitar otra emboscada, y que el país quede tranquilo con el fallo de la apelación.
Si a Álvaro Uribe físicamente no lo han eliminado, siempre quisieron hacerlo por sentencia judicial. Colombia, en materia de derecho, sigue sumida en “la edad de la penumbra”.
