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Nosotros siempre hemos sido respetuosos de la institucionalidad; pero la decisión proferida por la Juez Sandra Heredia, en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, fue ignominiosa. Un fallo visiblemente influenciado por sesgo ideológico, político e incluso de género, incompatible con el deber de imparcialidad que exige la correcta administración de justicia.
La declaración inicial en realidad pareció una proclama política con la que anticipaba el sentido adverso de la decisión que estaba a punto de comunicar. Pocas veces, si no es que nunca, un juez de la República ha expresado con tanto desparpajo sus convicciones íntimas sobre asuntos completamente ajenos a los hechos y al derecho que debía juzgar.
La extensa lectura de las razones jurídicas que le siguió, puso de manifiesto una alarmante cadena de errores que distorsionaron tanto la adecuada fijación de los hechos como la valoración objetiva del acervo probatorio.
Entre otras cosas, validó como pruebas interceptaciones telefónicas ilegales y conversaciones del expresidente Uribe con su abogado. La juez no logró desvirtuar que dichos elementos probatorios debían ser excluidos, tanto por la ausencia de motivos fundados para interceptar al Expresidente, como por la vulneración del derecho fundamental a la intimidad y la reserva especial de las comunicaciones entre abogado y cliente. Lejos de corregir el vicio, intentó encuadrar el hecho dentro de la teoría del “descubrimiento inevitable”.
Además, ha debido excluir o desestimar la grabación hecha por el condenado Juan Guillermo Monsalve al abogado Diego Cadena en la cárcel La Picota. Aunque la misma se encuentra con problemas de audio, incompleta y con indicios de edición, la Juez determinó que una “falla informática como esas no daba para descartarla”. Si con ese mismo racero se hubiera valorado la aptitud probatoria del computador de Raúl Reyes o el video donde aparece Gustavo Petro recibiendo fajos de billetes de manos de Juan Carlos Montes, la farcpolítica no estaría sumida en la más absoluta impunidad y, probablemente, otro sería hoy el Presidente de los colombianos.
La credibilidad de los testigos, además, fue examinada de forma asimétrica. La Juez desechó el testimonio de alias Cadavid por un cambio de versión, pero no aplicó ese mismo criterio a otros testigos clave de la acusación. Ni qué decir del indignante momento en que exaltó el “valor civil” de Monsalve, condenado a 44 años de prisión por gravísimos delitos, ignorando la gravedad de sus antecedentes, las inconsistencias de su relato y las ilegalidades de su actuación durante el proceso.
Adicionalmente, mientras calificó como sobornos las acciones o promesas realizadas por el abogado Diego Cadena a Monsalve, consideró que los mismos ofrecimientos y beneficios efectivamente otorgados por Iván Cepeda al mismo testigo constituían “actos humanitarios”. Una valoración que evidencia el sesgo con el que se construyó el relato judicial.
La lista es mucho más larga frente al prodigio de una sentencia de más de mil páginas sobre 27 mil grabaciones y unos 90 testigos, que fue redactada en 17 días (las audiencias terminaron el 8 de julio). Sin duda, una decisión nefasta que, desborda los límites del derecho, erosiona la confianza en la justicia y evoca la célebre advertencia de Montesquieu: “no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia”.
Pero viene una segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá, donde esperamos se haga justicia. Nos corresponde a nosotros mantener la lucha por Colombia, tal como en días pasados nos lo pidió el expresidente Uribe.
